4.ooo millones de euros. Esta  es la cantidad estimada en su momento por la Administración como cifra de los daños originados por el Prestige.

Ahora, una vez que prácticamente queda agotada la vía penal, los afectados por esta catástrofe  tendrían la opción de acudir a la vía civil. Esto podría suponer otros diez años para el cobro de indemnizaciones.

Esta cuestión es la base del contenido que Expansión dedica al caso tras conocerse la sentencia, en un artículo que recoge la opinión profesional de Luis de San Simón.

Para San Simón, que califica la sentencia de «correcta conforme al derecho penal», de iniciarse la vía civil «la responsabilidad del armador en ningún caso superaría los 22 millones de euros». Esto es así, explica, porque se trata de la cifra establecida por el convenio internacional de hidrocarburos, organismo que contempla un fondo hasta alcanzar los 171 millones de euros.

El Estado español y la sociedad de clasificación del buque, ambas con responsabilidad ilimitada, también tendrían que hacer frente a la factura de 4.000 millones de euros puesto que «la sentencia reconoce fallo estructural en el barco».

Según Luis de San Simón, hay que tener en cuenta que «no en toda negligencia administrativa cabe la responsabilidad penal, pero sí la civil». Para reclamar al Estado, a los afectados les queda la vía administrativa, que puede desarrollarse en paralelo a la civil.

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