La salud del océano mundial parece estar en declive. Si se quiere invertir esta tendencia se hace preciso aplicar un plan de rescate integrado durante los próximos cinco años.
Es la principal conclusión del Informe elaborado por la Comisión Océano Mundial (Global Ocean Commission) que, integrada por antiguos jefes de Estado, ministros y líderes del mundo empresarial, ha dedicado 18 meses a la investigación del declive del océano mundial para desarrollar este plan de rescate con ocho propuestas para restablecer y proteger el capital natural y los servicios del océano.
“El océano proporciona el 50% del oxígeno que respiramos y absorbe el 25% de las emisiones mundiales de carbono. Nuestra cadena alimentaria empieza en el océano, que constituye el 70% de la superficie del planeta”, recuerda el Copresidente de la Comisión y antiguo Presidente de Costa Rica, José María Figueres.
De ahí, la importancia de contar con unas aguas sanas y con la posibilidad de plantear que alta mar se convierta por un tiempo en una zona de regernación totalmente protegida.
Como principal problema, la Comisión ha identificado la ausencia de una gobernanza adecuada en la alta mar, cuestión para la que solicita que se negocie un nuevo Acuerdo de implementación en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y que ampliaría el marco de gobernanza al 64% del océano mundial que se encuentra fuera de las jurisdicciones nacionales.
De esta forma se daría prioridad a la salud y la resiliencia del océano, se restauraría su productividad, quedaría protegido frente a la explotación irresponsable y permitiría la creación de áreas marinas protegidas en alta mar.
Según el informe de la Comisión, la actual falta de gobernanza de alta mar y la “invisibilidad” de la que adolece este tema dentro del marco político internacional, da como resultado la mala gestión de los recursos, la pérdida de beneficios y un aprovechamiento no equitativo de este bien común por parte de los países. Están en peligro valiosos servicios ecosistémicos que ofrece alta mar como, por ejemplo, el secuestro de carbono con un claro valor económico entre 74.000 y 222.000 millones de dólares anuales.
Otra de las cuestiones identificadas en el estudio hace referencia a la necesidad de limitar y eliminar progresivamente en un plazo de cinco años las subvenciones a la pesca de alta mar. Alrededor del 60% de estas ayudas fomenta prácticas no sostenibles, señala la Comisión, y sin ellas la pesca de alta mar no sería económicamente rentable.
La identificación obligatoria de todos los buques que pescan en alta mar, la prohibición del transbordo de pescado en el mar, la aplicación de medidas para erradicar la contaminación por plásticos, así como la introducción de normas vinculantes para la regulación y el control de las actividades de exploración y explotación de petróleo y gas offshore, son otras de las propuestas apuntadas para mejorar la salud de los océanos.
De acuerdo con la Comisión, si en un plazo de cinco años no se asume una responsabilidad colectiva en favor del océano, la comunidad internacional debería considerar la posibilidad de declarar la alta mar como zona de regeneración. Con el objetivo de restablecer las poblaciones de peces, esta designación implicaría la prohibición de pesca industrial en las zonas de alta mar en las que las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera no funcionen de forma efectiva.